Las razones por las que demandaron el decreto de la dosis mínima

Para la demandante, la representante a la Cámara Luvi Katherin Miranda, con la medida que empezó a regir el pasado lunes, “solo se ataca a los eslabones más pequeños de la cadena criminal que hoy tiene en vilo al país.

A 20 horas de haberse firmado el decreto que permite la incautación de dosis mínima en el territorio nacional, Luvi Katherin Miranda, representante a la Cámara por Bogotá por la Alianza Verde, presentó ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado la primera demanda en contra de la normativa: Su objetivo, que se declare nulo.

Para la mujer está claro que si bien desde el Gobierno colombiano se ataca el delito de narcotráfico, con la firma del Decreto 1844 de 2018, que empezó a regir el pasado lunes, solamente se ataca a los eslabones más pequeños de la cadena criminal que hoy tiene en vilo al país. “Esto solo ataca al consumidor, quieren atacar los cultivos con glifosato y en ese sentido atacan es al campesino”, dijo Miranda.

Este no es el único argumento de la representante a la Cámara, quien no escatimó en asegurar que el Gobierno no debe dejar una responsabilidad de salud pública a la Policía. Para Miranda, el revolcón que busca dar el Estado colombiano no tiene una fijación clara a subsanar el problema de raíz pues, a su juicio, la problemática de las drogas debe ser tratada desde un punto de vista “pedagógico y terapéutico”.

“Un joven no deja de consumir drogas porque se lo prohíban, sino porque entiende que eso es malo para su salud y su cuerpo. Me gustaría ver cómo usamos la cultura ciudadana y cómo desde los colegios logramos hacer campaña de prevención”, aseguró.

De acuerdo con la demandante, ninguna acción de ataque al consumidor que se adelante en este momento evitará que las personas dejen de ingerir ese tipo de sustancias, si bien será más difícil conseguirla, esto no es un impedimento para que puedan obtenerla.

Otro de los argumentos expresados por Miranda tiene que ver con las multas a las que se someten las personas que son sorprendidas con droga, en ese caso el decreto dejó en firme que la persona que sea hallada con la dosis mínima no solo será el protagonista de una bochornosa incautación sino que también deberá cancelar un poco más de 200.000 pesos al Estado colombiano.

La demandante explicó que la normativa no tiene asidero para los habitantes de calle, que es quizá la población con más consumo, pues es evidente que no tienen manera de cancelar la multa ni tampoco la voluntad de acceder a las charlas que ofrece el Gobierno una vez se impone una sanción.

Estos son los fundamentos que tiene la Representante a la Cámara para que el alto tribunal declare nulo el decreto. Si bien el documento no ha sido aceptado para su estudio, ya reposa en uno de los archivos de la corporación.

Pese a que esta fue la primera demanda que se radicó ante la corte, el analista político Eduardo Pizano no descartó que se sigan presentando acciones de este tipo. “Hay personas que no están de acuerdo con el tema y van a buscar que la Corte Constitucional les ampare lo que consideran que es correcto y que se deje el libre desarrollo de la droga en el país”, dijo.

Para el analista, es claro que lo que busca el Gobierno Nacional es atacar a los ‘jíbaros’ que están llevando al mundo de las drogas a los menores de edad. Si bien esta acción es llevada a cabo en contra de los propios consumidores, Pizano no descarta que el Estado colombiano esté buscando abrir la brecha para que el porte de las sustancias se declare ilegal.

Pizano afirmó que la implementación del decreto no es otra cosa que una solución a una preocupación que ha surgido en los padres de familia, debido al incremento del consumo de las drogas en los alrededores de los centros educativos.

Pese a que el analista consideró que es una buena iniciativa, coincide con la demandante en que se debe atacar las grandes ‘ollas’ y capos de ese mundo criminal. “No hacen mucho persiguiendo un adicto que anda con su dosis personal en el bolsillo y quien no le termina haciendo mal a nadie”, manifestó.

En este caso, Pizano consideró que el pulso lo tiene la Corte Constitucional, pues si bien el desparecido  exmagistrado Carlos Gaviria sentó jurisprudencia con el consumo de la dosis personal, no dejó claro cuál sería el papel jurídico al que se enfrentarían las personas que la tienen en su poder no para consumo, sino para adentrar en ese mundo a menores de edad, quienes son los más vulnerables.

En otro de los puntos con los que coincidió Pizano y la demandante es que se deben generar espacios de capacitación en los centros educativos para los menores de edad, sin embargo, el analista no le dejó del todo la responsabilidad a los docentes, pues considera que la educación principal viene de casa.

A la voz de Pizano se unió la de Bibiana Clavijo, docente de Ciencias Políticas, quien aseguró que uno de los principales problemas es que los padres no dedican suficiente tiempo a sus hijos, lo que da cabida a que personas malintencionadas los quieran sumergir en un rumbo sin salida.

“El Gobierno quiere evitar el consumo atacando la dosis mínima, pero las cosas en el país empeorarán en el término de consumo, en la medida en que la familia se desarticuló por completo, los jóvenes entre los 13 y los 18 años no comparten más de una hora con sus padres, en ese caso no hay arraigo familiar, no hay política que se haga a niveles de colegios que ayuden a superar este tipo de sucesos”, dijo.

En cuanto a atacar los eslabones de la cadena delictiva, la docente consideró que el Gobierno es consecuente con sus argumentos y hechos. “El ataque a la dosis mínima era como la última pieza de la política pública que faltaba para dar coherencia a una lucha antidrogas”.

Por último, y en cuanto a la demanda de la representante a la cámara, la docente aseguró que se seguirán presentando demandas, “pero el debate estará concentrado en la libertad del individuo”.

Las cifras

La dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía anunció que tras la entrada en vigencias del decreto, el pasado lunes, las autoridades han incautado 5,3 kilogramos de cocaína y marihuana en el territorio nacional.

El reporte da cuenta que Bogotá es la ciudad que más ha sido sancionada en el marco del Código Nacional de Policía, pues hasta la fecha se han impuesto 695 comparendos e incautado 1,09 kilogramos de droga.

En segundo lugar está la ciudad de Cali con 331 sanciones y 0,173 kilogramos de droga incautada, en tercer lugar aparece Medellín con 317 comparendos e incautaciones que no superan los 0,245 kilogramos de sustancias entre marihuana y cocaína.

En cuarto lugar se encuentra la ciudad de Pereira con 229 sanciones y un poco más de 1 kilogramo de droga incautada y, por último, está el departamento de Caquetá, con 61 reportes y la incautación de 1.3 kilogramos de sustancias alucinógenas.

Frente a la ciudad de Barranquilla, las autoridades anunciaron que hubo un reporte de 199 sancionados por consumo y 8 comparendos por porte de sustancias psicoactivas; mientras desde Antioquia, el coronel Carlos Mauricio Sierra Niño, comandante de esa región, anunció que han incautado 52 gramos de marihuana y 7 gramos de base de coca, y que hasta el momento se han impuesto 21 comparendos en 14 de los 125 municipios del departamento

Entre tanto, desde la ciudad de Cartagena, el general Luis Humberto Poveda Zapata, comandante de policía de esa ciudad, anunció que han sancionado 31 personas, de las cuales 17 se encontraban consumiendo en sitios públicos. “Un 90 % de lo incautado corresponde a marihuana y 10 % a cocaína y bazuco, que son dosis mínimas pero que infligen la norma contemplada”.

autor real de la publicacion : https://www.elheraldo.co/colombia/las-razones-por-las-que-demandaron-el-decreto-de-la-dosis-minima-550398

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